La Generalitat atribuye el envío de la alerta a los ciudadanos en la dana a la consejera cesada, Salomé Pradas | Noticias de la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana que pilota Carlos Mazón, del PP, ha revelado este viernes, obligada por un requerimiento judicial, quién tomó la decisión de enviar el mensaje masivo de alerta tardía que llegó a los móviles a las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando ya había numerosas víctimas y pueblos anegados a causa de la dana que dejó 227 muertos.

El Ejecutivo autonómico ha respondido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que centraliza todas las pesquisas, que el responsable de activar el botón rojo de los mensajes fue el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), convocado para gestionar la emergencia. Según la Generalitat, este órgano estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas, que fue cesada por el presidente Carlos Mazón cuatro semanas después de la catástrofe. Y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según la respuesta del Consell a la jueza a la que ha tenido acceso este periódico.

“Indicar que dado que a las 17:00 horas del día 29 de octubre se constituyó el Cecopi, la dirección del Plan la ejercía la entonces consellera de Justicia e Interior, dentro de un ‘Comité de Dirección’, formado por citada consellera y la delegada del Gobierno”, dice el texto. “Dicho Cecopi, en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, fue convocado a las 15:00 horas para reunirse a las 17:00”. Y, a continuación, proporciona una relación de hasta casi una treintena de instituciones, entidades y organismos, encabezada por la delegación de Gobierno y otras instituciones estatales, como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, si bien la mayoría de entidades son autonómicas o provinciales.

La Generalitat ha entregado esta documentación al juzgado in extremis después de que la magistrada solicitara por segunda vez al Consell -tras darle cinco días de plazo- el dato clave. En su primer requerimiento, el Ejecutivo valenciano facilitó al juzgado decenas de documentos, que no incluían la identidad del “funcionario o técnico” que activó los SMS masivos. La consejería de Emergencias e Interior, dirigida por Juan Carlos Valderrama, evita dar los nombres de los dos funcionarios (un redactor y un validador), que activaron el mensaje y redactaron su contenido y se ciñe al articulado del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, reproduciendo varios fragmentos del mismo. Señala que el plan tiene, entre otras funciones “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse”. El escrito está firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que no ha respondido a las llamadas de este periódico. “Los nombres del redactor y validador del mensaje son personal funcionario de Emergencias, se omiten aquí por motivos legales y de confidencialidad”, zanja la Generalitat.

El mensaje de Es-alert llegó a los móviles de la población a las 20.11 horas del día de la dana, cuando la provincia de Valencia estaba inundada tras los desbordamientos del barranco del Poyo y el río Magro, había decenas desaparecidos y el 112 se encontraba colapsado.

La respuesta de la Generalitat al juzgado coincide con la estrategia de defensa de la Generalitat de diluir la responsabilidad y de la críticas por la polémica actuación de Mazón, que llegó sobre las 19.30 al Cecopi, tras una larga sobremesa de una comida que no suspendió. Además, el Consell ha insistido durante semanas en la idea de que la decisión de activar Es-Alert fue colegiada. “El Cecopi es un órgano colegiado donde hay dos codirectores, el representante de la Conselleria de Emergencias y la delegada del Gobierno”, llegó a decir la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo, Susana Camarero.

Sin embargo, el vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, afirmó el pasado 5 de febrero que el este organismo constituido por la dana “tiene dos codirectores y un mando único, y un codirector es corresponsable”. “Pero eso no significa un órgano colegiado, no significa colegiada la decisión: la decisión al final es única. Lo que pasa es que hay dos personas que tienen la misma capacidad para dar informes, exigir responsabilidades… y una que finalmente tomó la decisión”.

La información remitida por el Consell a la instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que desarrolla su trabajo con la ayuda de cinco fiscales, se suma a un reguero de diligencias para tratar de depurar las responsabilidades de la mayor tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana.

Junto a la Generalitat, la jueza ha pedido también información a otros organismos que participaron en la gestión de la tragedia, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. La magistrada solicitó a esta entidad datos sobre el caudal del valenciano barranco del Poyo, epicentro del desbordamiento.

Tras tomar declaración a los familiares, la magistrada decidió esta semana en un emotivo auto requerir un examen psicológico forense de carácter voluntario para los parientes de los desaparecidos que desarrollará el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Las diligencias de la jueza de Catarroja se abrieron inicialmente por 76 fallecidos (ya hay 227 muertos). Y aglutinan las denuncias de decenas de víctimas. En la causa hay personadas –al menos- siete acusaciones particulares, que representan a familiares de fallecidos, y dos populares, que ejercen Podemos y el sindicato CGT, tras abonar sendas fianzas de 6.000 euros, según fuentes judiciales. El partido de ultraderecha Vox también trata de personarse en la causa.

Las organizaciones de víctimas también han aterrizado en el procedimiento. La Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros) presentó una querella suscrita por cien familias contra cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano y la máxima autoridad de la CHJ, Miguel Polo. Sos desaparecidos, que aglutina a más de 150 familias, prepara otra denuncia contra los responsables políticos.

La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, que se ha presentado este viernes y reúne a una veintena afectados de las comarcas valencianas de Horta Sud, La Ribera y Los Serranos, prepara otra querella contra Mazón, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.