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El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado estimar parcialmente el recurso de Moncloa contra el protocolo para menores migrantes del Gobierno canario. Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, el tribunal ha respaldado la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, que considera que no cabe duda de que el acogimiento de menores migrantes es un asunto de asistencia social.

De este modo, queda anulado el anterior protocolo que establecía la inscripción de los menores de edad en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) antes de pasar por los testeos médicos pertinentes. A este trámite se le sumaba la búsqueda de una plaza. Confirmada la ubicación, la recepción del menor debía de hacerse en la comisaría de la Policía canaria o, donde no existan, en otros lugares establecidos para ello.

La Fiscalía llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, cuando denunció “la ausencia de atención inmediata” para los menores recién llegados. El ministerio público adujo la vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, del derecho a la integridad moral del artículo 15 y de la Convención de los Derechos del Niño.

El 24 de septiembre de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno llevaría al Constitucional el protocolo para menores migrantes y algunos de los apartados del acuerdo del Ejecutivo canario, al considerar que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para recurrir la norma. El tribunal ha anulado el apartado segundo de dicho acuerdo, pero ha desestimado el recurso sobre los apartados tercero y sexto.

El 8 de octubre, el Constitucional ya suspendió el protocolo de menores del Ejecutivo canario tras admitir a trámite el recurso del Gobierno y al considerar que la normativa autonómica podía vulnerar derechos fundamentales. Aquel mismo día el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó a su vez la suspensión del acuerdo alcanzado el día 2 por el Ejecutivo autonómico. Antes, el 20 de septiembre, el TSJC había adoptado una medida similar al suspender de manera cautelarísima el protocolo, tal y como había pedido la Fiscalía del tribunal autonómico.

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