El Gobierno inicia la expropiación de parte de los terrenos de El Algarrobico para demoler el hotel | Clima y Medio Ambiente

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. El objetivo final, según el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, “un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural”. Pero el Estado solo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa. Para poder cumplir el objetivo de la demolición del edificio se requeriría en principio que la Junta expropie los terrenos que se adentran más allá de la zona de dominio público marítimo-terrestre.

La encargada de anunciar este acuerdo desde el mismo paraje de El Algarrobico ha sido María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE andaluz. Este hotel ha sido declarado ilegal en multitud de sentencias dentro de un interminable y enrevesado proceso judicial con mil frentes que arrancó en febrero de 2006, hace 19 años, cuando se paralizaron las obras por orden de un juez de Almería. Es bastante probable que la expropiación abra otro frente judicial. Pero algunas organizaciones ecologistas reclamaban desde hace años que se diera ese paso para borrar de una vez una mole cuya legalización era inviable aunque lleva casi dos décadas varada en esta playa como un símbolo del ladrillazo de principios de este siglo en España.

Según Hacienda, el paso que dará el Consejo de Ministros iniciará el proceso para demoler el hotel que levantó la promotora Azata del Sol. “Se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable”, ha recordado en una nota de prensa este ministerio. Según Montero, la construcción de este hotel —que en un principio contó con el aval de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras cuando ambas administraciones estaban en manos de los socialistas— fue el “mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”.

Lo que hará el Gobierno será aprobar una declaración de “utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras. Para ello se servirán de la Ley de Costas de 1988. “Se trata del primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado”, ha reiterado Hacienda.

Pero el ministerio ha dejado claro que “solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata sobre la que se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre”, la franja sobre la que el Gobierno puede actuar. “El resto se adentra más allá de este límite y es la comunidad autónoma quien es competente sobre esa parte del suelo”, ha explicado el Gobierno. Por eso Montero ha pedido a la Junta de Andalucía que “realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición del hotel en su totalidad”.

La Junta y el Gobierno llevan más de una década anunciando el derribo de este hotel, pero su desenlace se encalla una y otra vez en los interminables procesos judiciales. Ya en 2011 ambas administraciones firmaron un protocolo para el derribo en el que se comprometían a pagar a medias el proceso de eliminación del edificio y restauración del paraje. Pero el momento de la piqueta se ha ido retrasando una y otra vez.

Montero ha señalado este lunes que, además de iniciar el proceso de declaración de interés público de los suelos, se convocará la comisión de seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que están representadas las dos administraciones. Aunque la vicepresidenta ha abierto la puerta al diálogo en esta comisión, el ministerio ha añadido que “el Gobierno buscará alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural” si la Junta no colabora e inicia el mismo proceso.

El Ayuntamiento de Carboneras

El tercer actor en discordia en este interminable proceso es el Ayuntamiento de Carboneras, que gobierna el PSOE con Ciudadanos ahora. Esta corporación otorgó la licencia al hotel en 2003 y desde entonces se ha resistido a aplicar las sentencias que permitirían borrar esta mole del mapa. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio el enésimo ultimátum al Ayuntamiento para que modificara su planificación urbana y cambie la calificación del suelo de la playa del Algarrobico donde se levanta el hotel, de urbanizable a no urbanizable. La Junta de Andalucía sigue creyendo que esa es la vía más rápida para conseguir la demolición de esa construcción. Así lo explicó en mayo el entonces consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, para justificar por qué la Junta no exploraba otras opciones como aplicar el derecho de tanteo y retracto o la expropiación que pide ahora Montero.

Greenpeace, que lidera la batalla en los tribunales contra la construcción, ha solicitado a la Junta que ejerza el derecho de tanteo y retracto que le reconoció el Supremo en 2016. “Esto permite a la Junta abonar la cantidad que pagó el comprador por la compra de un terreno en el parque natural”, explica José Ignacio Domínguez, abogado de esta organización ecologista. El problema es que con esta maniobra la administración adquiere la propiedad, pero no la posesión, que sigue en manos de Azata del Sol. La Junta, de hecho, ha depositado 2,3 millones de euros de la compra, pero, 10 años después, no ha iniciado ese procedimiento.

En las reuniones que Greenpeace ha mantenido con la Consejería de Sostenibilidad sobre El Algarrobico le han insistido sobre la opción de ejecutar el derecho de tanteo y retracto y la expropiación, una opción que recoge la última ley del suelo andaluza, Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (LISTA), de 2021. Pero, tal y como reconoció Fernández-Pacheco eso no lo contempla la Junta a corto plazo. “Nuestro gabinete jurídico ha analizado ambas opciones, pero la fórmula más rápida es la de que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia”, dijo en mayo el consejero.

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha hecho del derribo del Algarrobico una prioridad en múltiples declaraciones públicas. Y en los presupuestos de 2025 volvió a reservar una partida de poco más de un millón de euros para la demolición, algo que lleva haciendo en los últimos ejercicios. En este sentido, desde la Junta se insiste en que quien debe acometer el derribo, en función con el acuerdo que el Gobierno central y el autónomo firmaron en 2011, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y así se lo ha vuelto a repetir este lunes la portavoz de la Junta, Carolina España: “Llevan años sin hacer absolutamente nada. Nosotros le pedimos que, por fin, hoy que la ministra va a una visita allí, haga una propuesta para demoler El Algarrobico ya”.