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Por realizar actos que permitieron “manipular” el sistema del concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2023, acogerse al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, Fabricio Herrera, exasesor del entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, recibió dentro del caso Pantalla una condena reducida de seis meses de prisión.
Para alcanzar la pena mínima, Herrera, un abogado de 41 años de edad, reconoció los hechos imputados por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en calidad de autor directo del delito de asociación ilícita. La pena definida la tarde de este miércoles, 26 de febrero, para el exasesor de Wilman Terán, alias Diablo, fue la tercera, bajo las figuras legales de procedimiento abreviado y cooperación eficaz, que emitió en los dos últimos días el conjuez de la Corte Nacional Édison Cantos.
Horas antes de la sentencia oral definida para Milton Herrera, Cantos condenó a seis meses de prisión al también exasesor de alias Diablo en el CJ Santiago Cifuentes, quien fue ubicado como autor directo de una asociación ilícita. En cambio, la tarde del martes último, el conjuez de la CNJ emitió una pena reducida de seis meses para el exdirector general del CJ David Guzmán, quien también se acogió al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz.
Luego de corroborarse que el exdirector de la Judicatura cumplió con los requisitos definidos en la norma, el conjuez Cantos dio paso a la solicitud de suspensión condicional de la pena, es decir, Guzmán no debía cumplir su pena de cárcel, sino una serie de disposiciones específicas ordenadas por el magistrado por el tiempo que dure la condena.
A Herrera se le hacía responsable de obtener el banco de preguntas de las pruebas teóricas del concurso para jueces del más alto órgano de justicia ordinaria del país, así como influir, junto con el ya condenado Santiago Cifuentes, en funcionarios del Departamento de Tecnología y de la Información del CJ, a fin de revelar el mecanismo de desencriptación de dicha información.
El final último de la serie de ilegalidades cometidas por Herrara y Cifuentes habría sido beneficiar a la participante del concurso y entonces jueza de Santo Domingo de los Tsáchilas Anabell T. Las investigaciones revelaron que Santiago Cifuentes realizó el examen escrito de la postulante Anabell T., acto que, afirmó Toainga, evidencia la finalidad de beneficiarla en su calificación y de la misma manera direccionar los ganadores del concurso de jueces de la CNJ 2023, para después controlar dicha institución.
“Esta circunstancia da cuenta de la presencia de actores que buscan sobreponer su interés particular sobre el interés común, práctica que sigue vigente en nuestro sistema de justicia y que el Estado, desde su propia institucionalidad, está llamado a reafirmar su eficiencia, sancionando a los que pretendan alejar la administración de justicia en servicio a la comunidad”, concluyó.
En Pantalla, además de estos tres exservidores judiciales que ya mantienen una condena, son investigados el expresidente de la Judicatura Wilman Terán; el también exasesor en el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial Juan Carlos E. R.; y la exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas Anabell de Jesús T. C.
La Fiscalía acusa a todos de haber ejercido influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en el CJ con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional, iniciado en junio de 2023. De la información acopiada en el caso Pantalla se desprende que Wilman Terán buscaba que su “amiga”, la jueza Anabell T., llegue a la CNJ para que incluso sea quien presida ese organismo.
Otro hecho relatado por el fiscal Toainga fue que dentro del concurso público para jueces de la CNJ se realizó un segundo examen a pesar de que no estaba normado en el reglamento del proceso. “Todo esto se dio gracias a la resolución de la Dirección General del CJ, la cual estuvo a cargo de David Guzmán, acto que permitió establecer la idoneidad de postulantes que no superaron el puntaje en el primer examen contemplado en el programa”, refirió.
En ese segundo examen dispuesto de forma irregular se habría beneficiado la cercana a Wilman Terán Anabell T., así como a otros postulantes que resultaron idóneos en la repetición de la prueba.
Con base en el acuerdo firmado como parte del procedimiento abreviado, el fiscal que subroga en el cargo a Diana Salazar propuso al conjuez Cantos que se condene a Herrera a doce meses de cárcel y al pago de una multa de diez salarios básicos unificados, es decir, $ 4.700. Pero esa pena ya reducida sufrió cambios, al tomarse en cuenta la cooperación eficaz dada a la Fiscalía en la causa, la cual habrá ayudado a evidenciar a los líderes de la asociación ilícita y la forma de operar de quienes integraban esta red de corrupción.
Finalmente, la pena sugerida por Toainga y aceptada por el conjuez a cargo de Pantalla fue de seis meses de cárcel, el pago de una multa de $ 4.700 y la cancelación de una reparación material a favor de la víctima, el Estado ecuatoriano, dividida en dos rubros: uno de $ 4.700 y otro de $ 35.877,60, que es la parte proporcional del rubro de $ 215.265 que se habría invertido en el concurso 2023 que terminó, por toda esta serie de irregularidades, declarándose nulo.
Además de la reparación material, el conjuez Cantos dispuso una reparación inmaterial que consiste en medidas de satisfacción a favor del Consejo de la Judicatura. Entre estas están la publicación y difusión de la sentencia que declara la culpabilidad de Milton Herrera en la página web del CJ, la publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia que declara la culpabilidad del procesado en un medio de comunicación social escrito, radial o televisivo de mayor difusión a nivel nacional por tres días consecutivos y las disculpas públicas del procesado ante el juez de Ejecución en la fecha y hora que se señale para el efecto.
Además, se ordenó la colocación de una placa de 60 centímetros por 40 centímetros en el CJ en la que se evidencie el siguiente texto: “La transparencia en los concursos de designación de los jueces de la Corte Nacional es una garantía de la independencia judicial que deberá asegurarse por parte del Consejo de la Judicatura”. La placa deberá colocarse a costas de los procesados que sean declarados culpables.
Toainga aseguró que los intereses de envilecer la nobleza y el fin que persigue la justicia en una sociedad civilizada la convierte en atractiva para personas carentes de ética que, sin renunciamiento alguno, pretenden manipular las judicaturas, los tribunales y las cortes. Para el fiscal subrogante, esta dinámica, lejos de desaparecer, se ha ido enquistando cada vez más en las autoridades que han ocupado altos cargos de la administración del Poder Judicial del Ecuador.
“Incluso ha comenzado a tomar tintes de normalización, tanto que ha llevado al mismo Wilman Terán a expresar su deseo de controlar por completo la CNJ bajo la premisa de “si (Gustavo) Jalkh pudo, ¿por qué no yo?”. De hecho, esta concepción de mirar la justicia como una hacienda cuyo patrón de turno, al mando, decide quién entra y quién sale, nos llevó a que los procesados en Pantalla se organicen para traficar influencias dentro del concurso de jueces del máximo órgano de justicia ordinaria del país llevado a cabo en el año 2023″, explicó Toainga.
Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
En el relato fiscal se señaló que la estructura identificada habría establecido tres objetivos principales determinados por el entonces titular del CJ, Wilman Terán. El primero, hacer que Anabell T. gane el concurso de jueces 2023; el segundo, ocupar la mayor cantidad de plazas de jueces y conjueces nacionales con gente afín a Terán; y tercero, pagar ciertos favores de carácter político.
La defensa de Fabricio Herrera no presentó un pedido de suspensión condicional de la pena, debido a que el exasesor de Terán en el CJ fue sentenciado en el caso Independencia Judicial, por el delito de obstrucción de la justicia, a una pena de cuatro años y seis meses de prisión, una vez se le ubicó junto a otras cinco personas como colaboradores de una red de corrupción que tuvo entre sus líderes al extitular del CJ, Wilman Terán, y a la exvocalde la Judicatura, Maribel Barreno.
La pena impuesta en el caso Pantalla, por pedido del abogado de Herrera, deberá ser cumplida en el Centro de Privación de la Libertad de Imbabura, con sede en Ibarra.(I)
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