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El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, asiste a la presentación del plan de ayudas ARA Empresas, en el Edificio Veles e Vents, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España).
18 FEBRERO 2025
Rober Solsona / Europa Press
18/02/2025
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, asiste a la presentación del plan de ayudas ARA Empresas, en el Edificio Veles e Vents, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España).
18 FEBRERO 2025
Rober Solsona / Europa Press
18/02/2025
Rober Solsona (Europa Press)

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos ha resaltado la “palmaria ausencia de avisos a la población” y cómo se pudo haber evitado “el abrumador número de muertos” que originó la tragedia.

La clave, según la instructora, pasa por averiguar a qué respondió el retraso en alertar a los ciudadanos sobre la magnitud de la mayor tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana.

La magistrada se refiere así en su último auto al mensaje SMS masivo tardío que llegó a los móviles a las 20.11 de la jornada de la riada, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo y el 112 estaba colapsado. La comunicación se remitió a través de Es-alert, un sistema del que la entonces consellera de la Generalitat Salomé Pradas reconoció que no sabía ni que existía.

Las pesquisas de la magistrada se centran ahora en averiguar a qué obedeció la tardanza en la llegada de los avisos a la población el 29 de octubre y dejará fuera de la investigación la ayuda tardía a la zona cero de las inundaciones y la falta de coordinación de las administraciones, que forman parte “de la jurisdicción contenciosa” o el debate político. La instructora concentra sus diligencias en desgranar porqué la población no fue avisada con antelación.

“Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”, indica el auto de la magistrada, que responde a una petición de diligencia de Podemos, personado en la causa como acusación popular. “El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. (…) La evitabilidad del abrumador número de fallecimientos”, añade la resolución.

En un segundo auto, la magistrada solicita a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat información sobre si participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “alguna otra autoridad” distinta a las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese centro, entre 17.00 horas y las 20.11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert. La jueza toma esta decisión después de recibir un escrito de la Subdirección General de emergencias autonómica.

La titular del Juzgado de Primera Instancia de Catarroja pide además un informe a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre los avisos emitidos “y sus modos de difusión” y datos al 112 para esclarecer en qué momento de la jornada de la riada se empezaron a recibir más llamadas.

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