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La justicia pone el foco en el sanatorio La Robleda, el psiquiátrico gallego de propiedad privada pero concertado con la Xunta en el que el Defensor del Pueblo ha detectado vulneraciones de derechos y mala praxis. La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto diligencias para averiguar si las graves irregularidades plasmadas por la institución en un informe son constitutivas de presuntos delitos. Según informan fuentes oficiales del ministerio público, se realizará una inspección en el hospital gestionado por la empresa Hestia Alliance y se le reclamará documentación, ubicado en el municipio de O Pino (A Coruña), a unos 15 kilómetros de Santiago.

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía se produce después de la información publicada la semana pasada por EL PAÍS sobre la inspección del Defensor del Pueblo. El informe de la institución que preside Ángel Gabilondo fue enviado hace ya un mes a la Fiscalía General de Estado y a la Fiscalía Provincial de A Coruña. La asociación El Defensor del Paciente se puso en contacto con el fiscal jefe de Santiago el pasado viernes para reclamar que abriera una investigación no solo al centro sino también a la Xunta por “dejación de funciones”.

El psiquiátrico La Robleda lleva funcionando más de medio siglo, primero en el centro de Santiago y desde 2007 en el vecino ayuntamiento de O Pino. En septiembre pasado fue inspeccionado por primera vez por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un órgano del Defensor del Pueblo que desde hace 15 años se dedica a visitar por sorpresa centros donde se recluye a personas por diversos motivos, desde cárceles a centros de menores u hospitales psiquiátricos, para vigilar que se respetan sus derechos. El equipo de técnicos se entrevistó durante dos días con personal y pacientes y revisó documentación. Halló casos de personas encerradas en La Robleda durante más de 20 años, una interna que lleva más de una década ingresada contra su voluntad, denuncias de abusos sexuales y diversas contenciones mecánicas irregulares.

En La Robleda, según el informe del Defensor del Pueblo, se ata a pacientes durante semanas y se les encierra también en sus habitaciones durante días. Las inmovilizaciones se realizan incluso en sus propios cuartos, algo especialmente criticado por los inspectores de la institución por lo traumático que es para los enfermos. El informe censura también que haya cámaras en las estancias privadas de los internos que los graban durante 24 horas.

La empresa rechaza las conclusiones de la inspección y pone en duda su “metodología”. Asegura que la Xunta ha inspeccionado el sanatorio con un resultado “muy satisfactorio”. Entre críticas de la Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública y de El Defensor del Paciente, el presidente del Gobierno gallego anunció el viernes que la Administración autonómica comprobará el contenido del informe del Defensor del Pueblo y tomará medidas si se confirman las violaciones de derechos y la mala praxis.

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